Conversatorio "Ingreso Ciudadano Universal y Pobreza Alimentaria: alternativas de política pública para la garantía del Derecho a la Alimentación ”
En noviembre de 2019, desde la entonces Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México (SEMSEPDH), y en el marco del Día Mundial de la Alimentación cada 16 de octubre y con la colaboración del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (EVALÚA), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el Centro de Bioética Global Aplicada (CIBIGA) de la Universidad Anáhuac y The Hunger Project México, se realizó un Seminario sobre Derecho a la Alimentación Adecuada.
Con el interés de la IESIDH de continuar la conversación sobre este derecho con las instancias públicas, organizaciones e instancias académicas colaboradoras del año 2019 y sumar este año la perspectiva de especialistas la Universidad de Deusto y de Ethos Laboratorio, se realizó el Conversatorio Ingreso Ciudadano Universal y pobreza alimentaria: alternativas de política pública para la garantís del derecho a la alimentación.
Partiendo de la crisis global que enfrentamos por la pandemia de Covid-19 y la reactivación en el plano federal y local de la discusión sobre Ingreso Ciudadano Universal (ICU), reconocemos la relevancia que este ingreso pudiera desencadenar en la reducción de la pobreza alimentaria de las personas que padecen desnutrición y hambre.
Con la moderación del Dr. Paolo Pagliai y la Dra. Melissa Fernández Chagoya, académicos de la Universidad del Claustro de Sor Juana se realizaron dos rondas de preguntas y respuestas, en las que cada especialista expuso su experto punto de vista, y en el que además se detonó el intercambio de sus puntos de vista.
La Dra. Araceli Damián habló del ICU como una propuesta que se ha politizado pero que consiste en una alternativa de política que, para implementarse, tardaría un lapso de 40 años, dentro de los cuales, en los primeros 20 tendría que destinarse un 9% del Producto Interno Bruto para asegurarlo. Señaló además que se requeriría una reforma fiscal para que el gobierno captara más recursos por impuestos. Comparados con otros países de América Latina como Argentina y Chile que recaudan mayores impuestos, México es pobre en ese sentido.
El Dr. Felipe Segura Isa expuso que en España se aprobó en la coyuntura de la pandemia, el Ingreso Mínimo Vital vinculado a la condición de necesidad de personas en vulnerabilidad y destacó que se trata de una medida transitoria. Asimismo, afirmó que la alimentación como derecho no debe ser vista como una dádiva o caridad, sino que debe ser vista a la luz de políticas redistributivas y programas de salud, educación y garantía del trabajo como una cuestión de democracia y justicia social. Destacó que una tercera parte de las personas que podrían acceder a este mínimo vital en España no lo hacen por las trabas burocráticas que implica conseguir el apoyo.
La Dra. María Victoria Fernández Molina destacó que antes de la pandemia nuestro sistema alimentario ya estaba en crisis y subrayó las medidas adicionales de garantía que se requieren para fortalecer iniciativas comunitarias, vecinales y desde las alcaldías para implementar cadenas cortas de comercialización de alimentos, así como huertos urbanos. Planteó la necesidad de una recuperación del espacio público para poder realizar estas acciones. Destacó que para lograr la autonomía alimentaria no se debe pensar en la acción individual sino en la sinergia de individuos, familias, comunidades y gobiernos trabajando coordinadamente.
El Mtro. José Luis Chicoma desde una perspectiva sistémica señaló que ante este contexto de Covid-19 no se requiere producir más sino garantizar que las personas más vulnerables pueden adquirir alimentos sanos, por lo que, frente al ICU la focalización es una alternativa. Mencionó que frente a la recién aprobada Norma 051 de etiquetado de alimentos, estamos ante una especie de Síndrome de Estocolmo porque a pesar de que los alimentos ultraprocesados son dañinos, siguen siendo los más baratos y asequibles, es por eso que la pregunta es, de qué manera podemos garantizar dietas asequibles y nutritivas. Asimismo, señaló la necesidad de la garantía del derecho al agua potable.
La Licda. Montserrat Salazar habló del componente participativo y de género que debe prevalecer en el cambio sobre las narrativas de pobreza. En ese sentido destacó la mayor carga de malnutrición y de labores domésticas y trabajo en el campo en el fenómeno de la alimentación en contextos rurales. Como alternativa señaló las canastas alimentarias locales para que el alimento sea accesible y culturalmente pertinente, tal es el caso del plato tzotzil, zapoteco, papanteco. Reiteró que el hambre no es un tema de caridad sino de democracia.
Otros temas tratados fueron: agroecología, participación de productoras y productores, programas sociales complementarios, rescate de saberes tradicionales y locales, sostenibilidad, igualdad de género, justicia redistributiva, acceso al agua potable.
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